
Retrasos, fallos judiciales y cuestionamientos técnicos: los principales escollos que han marcado el Plan de Descontaminación Atmosférica de Calama
EditorLa reciente realización de la tercera sesión del Comité Operativo Ampliado (COA) para la elaboración del nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Calama volvió a poner en discusión uno de los procesos ambientales más extensos y controvertidos que ha enfrentado la comuna en las últimas décadas.

La instancia, encabezada por la seremi de Medio Ambiente de Antofagasta, Verónica Araneda Gómez, permitió presentar a autoridades, organizaciones sociales, representantes de empresas y vecinos el nuevo “Estudio de Antecedentes para la Elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica de Calama y su Zona Circundante y Actualización del Inventario de Emisiones”, documento que servirá de base para la construcción del futuro instrumento ambiental.
Según informó la autoridad regional, el estudio incorpora propuestas relacionadas con minería, movilidad sostenible, infraestructura urbana, fiscalización, educación ambiental y soluciones basadas en la naturaleza, además de contemplar seis mesas de trabajo sectoriales para avanzar en la formulación de medidas.
“En este Comité Operativo Ampliado se le presentó a la comunidad el Estudio de Antecedentes y algunas de las medidas propuestas a partir del mismo. Se trata de un insumo importante para seguir avanzando en la elaboración de este instrumento fundamental para Calama y sus habitantes”, señaló la seremi Verónica Araneda.
Una espera que supera los 17 años
La discusión sobre el PDA de Calama arrastra una larga historia.
La ciudad fue declarada zona saturada por Material Particulado Respirable MP10 en 2009, debido a los elevados niveles de contaminación atmosférica detectados en la comuna. Sin embargo, el primer Plan de Descontaminación Atmosférica recién fue aprobado en 2021, luego de más de una década de tramitación y elaboración técnica.
Precisamente esa demora fue uno de los puntos más cuestionados por organizaciones ambientales y sociales de la ciudad, que durante años exigieron medidas concretas para enfrentar los efectos de la contaminación sobre la salud de la población.
El fallo judicial que obligó a comenzar nuevamente
El principal obstáculo que enfrentó el proceso ocurrió en junio de 2023, cuando el Primer Tribunal Ambiental acogió reclamaciones presentadas por agrupaciones de Calama y ordenó anular el Decreto Supremo N°5 que aprobaba el PDA vigente.
La sentencia concluyó que durante la elaboración del plan no se consideró adecuadamente toda la información disponible de la red de monitoreo de calidad del aire de la comuna.
Uno de los aspectos centrales del fallo fue la exclusión de la estación de monitoreo ubicada en el Servicio Médico Legal, la cual había sido descartada por la autoridad ambiental pese a que el tribunal determinó que sí poseía representatividad poblacional debido al crecimiento urbano y a la actual configuración territorial de la ciudad.
Los ministros además establecieron que debía realizarse un nuevo estudio utilizando estaciones que representaran correctamente a toda la población expuesta y que se diseñaran medidas acordes a la realidad atmosférica de Calama.
Otro de los cuestionamientos acogidos por el tribunal apuntó a que el plan aprobado en 2021 no aseguraba efectivamente el cumplimiento de su objetivo principal: descontaminar la ciudad. Diversas organizaciones sostenían que las medidas contempladas eran insuficientes y que el diseño del instrumento se había realizado utilizando información incompleta.
Gobierno decidió no apelar
Tras conocerse la resolución judicial, el Ministerio del Medio Ambiente optó por no recurrir a instancias superiores y decidió acatar el fallo.
La cartera anunció entonces la elaboración de un nuevo PDA para Calama y la continuidad de diversas medidas transitorias destinadas a reducir emisiones mientras se desarrollaba el nuevo instrumento, entre ellas programas de limpieza de calles, control de emisiones y acciones urbanas complementarias.
Posteriormente, la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos presentados contra la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, permitiendo avanzar definitivamente en la elaboración de un nuevo plan.
Salud y contaminación: la principal preocupación
La presión para acelerar el proceso también ha estado vinculada a las preocupaciones sanitarias de la comunidad.
Durante sesiones de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados realizadas tras la anulación del PDA, autoridades comunales y organizaciones sociales manifestaron la necesidad de contar con medidas más estrictas frente a la contaminación atmosférica.
En esa instancia, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, señaló que el cáncer se ha transformado en una de las principales causas de muerte en la comuna, situación que ha mantenido el debate respecto de los impactos ambientales derivados de décadas de actividad industrial y minera en la zona.

Nuevos plazos para el futuro PDA
Durante la última sesión del Comité Operativo Ampliado también se informó que el Ministerio del Medio Ambiente y la Seremi regional esperan concluir el anteproyecto del nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica durante septiembre de este año.
Sin embargo, el cronograma oficial establece que el plazo legal para la entrega del instrumento se extiende hasta febrero de 2027.
Posteriormente deberá desarrollarse una consulta pública de tres meses y luego la elaboración del proyecto definitivo, proceso que contempla aproximadamente seis meses adicionales.
Además, la autoridad ambiental confirmó la futura implementación del Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) en Calama, mecanismo que funcionará a través del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS), instancia que integrará a organizaciones sociales, empresas, autoridades y servicios públicos para avanzar en medidas complementarias al PDA.
De esta forma, y tras más de 17 años desde que Calama fue declarada zona saturada por MP10, la ciudad continúa enfrentando el desafío de construir un instrumento ambiental que logre superar los cuestionamientos técnicos y judiciales que han retrasado por años su proceso de descontaminación.


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