La Fiscalía de Calama formalizó a dos ciudadanos bolivianos por el delito de homicidio frustrado de funcionarios policiales, además de disparos contra vehículos policiales y receptación de vehículo motorizado, tras un violento incidente ocurrido en la zona cordillerana de la región.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, los hechos se remontan al 2 de abril de 2026, cuando detectives de la Brigada de Robos de la PDI realizaban labores de vigilancia en las cercanías de la ruta 27-CH. En ese contexto, detectaron el desplazamiento de dos camionetas que, al advertir la presencia policial, emprendieron la huida por una zona desértica.
Durante la persecución, una de las camionetas —en la que se trasladaban los imputados— se posicionó junto al vehículo policial y efectuó disparos en contra de los detectives. Uno de los proyectiles logró ingresar al automóvil institucional, siendo contenido por un cargador metálico, lo que evitó consecuencias mayores.
Posteriormente, ambos vehículos tomaron rutas distintas, por lo que el personal policial concentró el seguimiento en el móvil desde donde se originaron los disparos. Este finalmente se detuvo en una quebrada, donde sus ocupantes se parapetaron antes de huir a pie en dirección a la frontera.
La detención de los imputados se concretó tres días después, el 5 de abril, cuando Carabineros del Retén de Toconao los encontró deambulando en un sector cercano a Talabre, en condiciones de deshidratación y con signos de exposición prolongada al sol.
Al día siguiente, en el área donde se había perdido su rastro, personal policial encontró una pistola calibre 9 milímetros, municiones y un chaleco antibalas. Peritajes posteriores confirmaron que el arma incautada corresponde a la utilizada en el ataque contra los detectives.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, advirtió sobre la peligrosidad de este tipo de bandas que operan en la frontera y aseguró que el Ministerio Público perseguirá estos delitos con la máxima rigurosidad. “No vamos a tolerar ataques a nuestras fuerzas policiales”, afirmó.
Por solicitud de la Fiscalía, ambos imputados quedaron en prisión preventiva por considerarse un peligro para la seguridad de la sociedad, fijándose un plazo de investigación de 110 días.
