EditorUn informe de la Contraloría General de la República instaló un fuerte debate sobre el uso de recursos municipales, tras evidenciar que diversas comunas del país destinaron más fondos a celebraciones que a ayudas sociales durante 2024 y 2025. En ese contexto, San Pedro de Atacama se ubica entre los municipios con mayores niveles de gasto en festividades a nivel nacional, posicionándose como uno de los casos más significativos detectados por el organismo fiscalizador.
El análisis, que abarcó 345 municipalidades, determinó que la comuna presenta una brecha superior a los $90 millones entre lo invertido en celebraciones y lo destinado a asistencia social, situándola dentro del grupo con mayores diferencias del país. Este dato no solo refleja una alta inversión en actividades recreativas, sino que también pone en entredicho la priorización de recursos frente a necesidades sociales urgentes.
A nivel regional, el informe también pone el foco en Sierra Gorda, que si bien tiene una población considerablemente menor, destaca por su elevado gasto per cápita en celebraciones, uno de los más altos del país. Esta situación resulta particularmente llamativa, ya que evidencia un uso intensivo de recursos municipales en eventos y conmemoraciones en proporción a su número de habitantes.
El patrón identificado por Contraloría en la Región de Antofagasta —donde también aparecen comunas como Ollagüe— revela una tendencia preocupante: municipios que destinan más recursos a festividades que a ayudas directas para personas en situación de vulnerabilidad. Entre los gastos considerados se incluyen actividades como el Día de la Mujer, Día de las Infancias, aniversarios comunales, además de servicios asociados como producción de eventos, arriendo de infraestructura, amplificación y catering.
En total, el gasto municipal en celebraciones a nivel nacional superó los $31 mil millones en el período analizado, una cifra que generó cuestionamientos transversales sobre la eficiencia y pertinencia de este tipo de desembolsos.
Frente a este escenario, la Contraloría fue enfática en señalar que este tipo de gastos solo se justifica cuando responde a un interés público claro, advirtiendo que no pueden transformarse en un fin en sí mismo ni desplazar prioridades esenciales como la ayuda social. Asimismo, el organismo anunció que reforzará los procesos de fiscalización en aquellos municipios que presenten mayores desequilibrios.
El informe no solo deja en evidencia cifras, sino que instala una discusión de fondo sobre la gestión municipal: cómo se definen las prioridades del gasto público y qué tan alineadas están con las necesidades reales de la población.
