EditorA pocos días de su prevista inauguración, el nuevo terminal rodoviario de Calama enfrenta un escenario de creciente controversia. El alcalde, Eliecer Chamorro, confirmó el envío de un oficio a la Contraloría General de la República para solicitar una investigación sobre el proceso de aprobación del proyecto.
Según explicó la autoridad comunal, la iniciativa —que se arrastra por más de 15 años— presenta cuestionamientos de fondo respecto a su planificación y al impacto que generará en la ciudad. “Calama no es el patio trasero de Chile ni de la región”, enfatizó, subrayando la necesidad de esclarecer cómo se visaron las distintas etapas del proyecto.
Chamorro apuntó directamente a organismos públicos que habrían participado en la tramitación, entre ellos el Serviu Antofagasta, la Seremi de Transportes de Antofagasta y el Ministerio de Bienes Nacionales. A su juicio, las autorizaciones se habrían otorgado sin una evaluación suficiente sobre la capacidad operativa y la eficiencia del recinto.
El alcalde también cuestionó la forma en que se habría concretado la entrega del terreno al concesionario, sugiriendo que el proceso no se ajustaría a los mecanismos habituales de licitación pública. Este punto también fue incluido en la presentación ante Contraloría para su revisión.
Otro de los focos de crítica apunta a la infraestructura proyectada. Desde el municipio advierten que el terminal ocuparía cerca de una hectárea, pese a que existiría disponibilidad de un espacio mayor, lo que —según el jefe comunal— podría limitar su funcionamiento futuro y la capacidad de respuesta ante la demanda.
El conflicto se instala así en la antesala de la apertura del recinto, prevista para el 11 de marzo, sumando incertidumbre sobre una obra clave para la conectividad de Calama y su desarrollo urbano
