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Un nuevo foco de controversia se abrió en la Región de Antofagasta luego de que la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas informara la decisión de dejar sin efecto el actual llamado a licitación de la Concesión Ruta 5, tramo Caldera–Antofagasta.
Según informó el propio MOP, la determinación se adoptó tras detectar “complejidades en el proceso”, lo que derivó en la postergación indefinida de una obra considerada estratégica para la seguridad vial y el desarrollo del norte del país.
La medida fue ampliamente cuestionada por parlamentarios de la región. La diputada (electa) Marcela Hernando calificó la decisión como una señal grave hacia la comunidad, afirmando que “como despedida de la actual administración es un mal chiste que el MOP tire nuevamente por la borda las necesidades de nuestra región, condenándonos a seguir lamentando muertes, inseguridad y pérdida de eficiencia con carreteras del tercer mundo”.
La parlamentaria añadió que la región no requiere soluciones simbólicas ni anuncios compensatorios, subrayando que “no nos sirven premios de consuelo”, y cuestionó la falta de reacción institucional frente al incumplimiento de compromisos en infraestructura.
En la misma línea, el diputado reelecto Jaime Araya reaccionó con dureza al anuncio de la Dirección de Concesiones, señalando que la cancelación del proceso es “un chiste repetido y podrido” y “una burla permanente con nuestra región”.
Araya apuntó directamente a la gestión del organismo dependiente del MOP, afirmando que “la Dirección de Concesiones no es una institución confiable, incapaz de hacer las cosas bien y rápido, como se necesita en una región que busca modernizarse”. A ello sumó una crítica a la responsabilidad administrativa, indicando que “para peor, seguramente les pagaron sus bonos de gestión y desempeño”, y llamó a que los responsables “por deferencia con nuestra región, debieran renunciar e irse”.
El diputado también recordó otros conflictos históricos asociados a la Dirección de Concesiones en la región, mencionando el caso del Hospital Regional de Antofagasta y el rol del organismo en la aplicación de multas o eventuales revocaciones contractuales. “Para proteger a SACYR, llegan a correr”, sostuvo.
La decisión del MOP vuelve a instalar el debate sobre la capacidad del Estado para impulsar proyectos de alto impacto en el norte del país y mantiene en suspenso una obra clave para mejorar la seguridad, la conectividad y la competitividad de la Región de Antofagasta.
