Un operativo intersectorial permitió desbaratar un criadero y matadero ilegal en Chunchuri Poniente, donde se verificaron severas irregularidades sanitarias, explotación laboral, funcionamiento sin permisos y ocupación de terreno fiscal. El caso queda ahora bajo investigación penal por reincidencia y múltiples infracciones.
Actualidad29/11/2025
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Una nueva fiscalización intersectorial coordinada por la Delegación Presidencial Provincial de El Loa permitió detectar un criadero y matadero clandestino que operaba de manera ilegal en el sector de parcelas de Chunchuri Poniente. Hasta el lugar concurrieron equipos de la Seremi de Salud, Dirección del Trabajo, SAG, Carabineros, Policía de Investigaciones y funcionarios de la Delegación, quienes confirmaron graves transgresiones sanitarias, laborales y administrativas.
El delegado presidencial provincial, Miguel Ballesteros, informó que el operativo se realizó tras una denuncia recibida días antes. “Hemos concurrido hasta una parcela del sector Chunchuri Poniente, a propósito de una denuncia que logramos levantar ya hace unos días, asociada al eventual funcionamiento de un criadero y matadero clandestino”, señaló la autoridad.
Ballesteros añadió que el recinto está vinculado a una sociedad comercial previamente denunciada por diversas irregularidades. “Constatamos la relación de este recinto con una sociedad comercial que ya hemos denunciado por extracción ilegal de agua y áridos, y que además ha sido infraccionada por normativa laboral, sanitaria y ordenanzas municipales”, explicó. Indicó también que hace pocas semanas esa misma empresa fue objeto de la prohibición de funcionamiento de un hotel y un restaurante, ambos clausurados por la autoridad sanitaria.
El delegado sostuvo que el matadero funcionaba sobre terreno fiscal y operaba completamente al margen de la normativa. “Estamos infraccionando desde la perspectiva de la Dirección del Trabajo y dejando con sumario sanitario y prohibición de funcionamiento este recinto. Además, se abre una investigación penal por la denuncia asociada a todas las irregularidades vinculadas a esta sociedad comercial”, precisó.
El seremi de Salud de Antofagasta, Alberto Godoy, confirmó que el lugar operaba sin ningún tipo de autorización y reveló serias deficiencias sanitarias. “Detectamos un matadero clandestino sin resolución sanitaria. Había un manejo inadecuado de residuos, mala disposición de aguas servidas al no contar con alcantarillado y presencia de vectores producto de este manejo deficiente”, detalló. La autoridad decretó la prohibición de funcionamiento y el inicio de un sumario sanitario, además de remitir los antecedentes al municipio para las acciones correspondientes.
Durante la inspección, la Dirección del Trabajo detectó la presencia de tres trabajadores extranjeros en total informalidad laboral. El inspector provincial del Trabajo, Manuel Palta, indicó que ninguno contaba con contrato, registro de asistencia ni cotizaciones previsionales, y que trabajaban de lunes a domingo sin descanso. “Bajo esa figura aplica el principio de primacía de la realidad, basado en lo que constatamos en terreno y en las declaraciones de los trabajadores”, afirmó.
Como resultado del procedimiento, se estableció la apertura de un sumario sanitario, la prohibición inmediata de funcionamiento del recinto, infracciones laborales por informalidad y el inicio de una investigación penal por operación clandestina en terreno fiscal y presunta reincidencia de la sociedad comercial implicada.
La obra, impulsada por el municipio y la Corporación de Cultura y Turismo, incorpora monumentos, esculturas y maquinaria histórica donada por Codelco. El proyecto busca destacar el patrimonio minero, cultural e histórico de Calama.
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La Delegación Presidencial Provincial de El Loa encabezó una fiscalización interinstitucional en locales nocturnos de Calama, que permitió detener a un prófugo de la justicia, levantar sumarios sanitarios y constatar infracciones laborales y migratorias.
El imputado quedó en prisión preventiva tras ser acusado de atacar a su hermano, provocándole la muerte, y de agredir a su padre causándole lesiones menos graves al interior de un domicilio en Calama. El plazo de investigación se fijó en 100 días.
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El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) envió oficios a las seremis de Salud y Medio Ambiente, las superintendencias de Servicios Sanitarios y Medio Ambiente y a la Dirección Regional de Obras Hidráulicas debido a las denuncias de comunidades de pueblos originarios por problemas con el suministro de agua y desborde de piscinas de tratamiento.
Fiscalización de Seremi de Salud detectó presencia de baratas vivas y muertas al interior del local.
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