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La discusión sobre el uso de celulares en las aulas dio un giro decisivo este miércoles, luego de que el Senado aprobara el proyecto de ley que prohíbe la utilización de dispositivos móviles en todos los niveles escolares, desde parvularia hasta enseñanza media. La propuesta —resultado de siete mociones unificadas— fue despachada a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite legislativo, con miras a que la norma entre en vigencia en marzo de 2026.
La Comisión de Educación introdujo ajustes clave al texto, entre ellos la ampliación de la medida a todo el sistema escolar y la inclusión de un marco explícito de derechos y deberes que ordena la relación entre estudiantes, docentes y apoderados con la tecnología. Su presidente, el senador Gustavo Sanhueza, subrayó que la iniciativa no busca demonizar los dispositivos, sino establecer límites claros que favorezcan la concentración y el bienestar. “No se trata solo de prohibir por prohibir, sino de establecer reglas claras y un uso responsable de la tecnología”, afirmó, enfatizando que el acompañamiento familiar fuera del horario escolar será esencial para lograr cambios efectivos.
El proyecto también impone al Estado la responsabilidad de promover un uso seguro y formativo del contenido digital dentro del sistema educativo. La idea, según Sanhueza, es que la enseñanza incorpore criterios de alfabetización digital sin que los aparatos se conviertan en un distractor permanente.
Excepciones y autonomía progresiva
Pese a la regla general, el texto contempla excepciones. Los dispositivos podrán utilizarse con fines pedagógicos, como apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales, en casos de monitoreo de salud o frente a situaciones de emergencia, desastre o catástrofe. Además, los apoderados podrán solicitar un permiso especial por razones de seguridad debidamente justificadas.
En enseñanza media, los colegios tendrán margen para definir horarios o espacios de uso controlado, considerando la autonomía progresiva de los adolescentes, un punto que busca equilibrar disciplina y responsabilidad personal.
Implementación gradual y evaluación futura
Si la iniciativa se transforma en ley, los establecimientos deberán actualizar sus reglamentos internos antes del 30 de junio de 2026. Paralelamente, el Ministerio de Educación deberá presentar en marzo de 2030 un informe exhaustivo que mida el impacto de la medida en la convivencia escolar, el rendimiento académico, la salud socioemocional y las brechas digitales.
Con esta votación, el Congreso reabre el debate sobre el lugar que la tecnología debe ocupar en la escuela, en un contexto donde crece la preocupación por la distracción permanente y la hiperconectividad en edades tempranas. La discusión promete extenderse más allá del Parlamento, instalándose también en las familias y la comunidad educativa.
