La docente Daniela Soto Venegas presentó una demanda laboral contra el SLEP Licancabur por un traslado que califica de irregular y alega haber sufrido hostigamiento; mientras, apoderados y alumnos han protagonizado protestas por supuestos malos tratos. El caso está en manos del tribunal laboral y el SLEP fue declarado en rebeldía por no responder a la demanda.
Actualidad15/10/2025
Editor
La Escuela Básica República de Bolivia (D-37) de Calama vive un conflicto que mezcla acciones judiciales, denuncias laborales y movilizaciones de apoderados y estudiantes. La profesora jefe, Daniela Soto Venegas, hizo pública una carta en la que relata una serie de hechos que, según su versión, configuran hostigamiento laboral por parte de la dirección del establecimiento y del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur.
Según la docente, la Mutual de Seguridad concluyó en marzo de 2024 que fue víctima de hostigamiento derivado de un “liderazgo disfuncional”, situación que la afectó en su salud y derivó en una enfermedad profesional. A pesar de ello, asevera que fue reubicada en un nivel distinto a su especialidad y, posteriormente, trasladada sin la notificación ni el acto administrativo válidos. Estas destinaciones fueron, afirma, declaradas irregulares por Contraloría, que ordenó su regularización.
En respuesta, la profesora presentó una demanda laboral (RIT T-155-2025) contra el SLEP Licancabur solicitando que se declare la improcedencia del traslado, el reconocimiento del daño moral y la responsabilidad institucional. En el trámite judicial, el SLEP fue declarado en rebeldía por no contestar dentro del plazo legal, y el tribunal dictó una medida cautelar de reintegro a favor de la docente.
De forma paralela, en redes sociales y en la calle, grupos de apoderados y alumnos han protagonizado manifestaciones en torno a denuncias por supuestos malos tratos atribuibles a la profesora. Los registros publicados en Instagram y Facebook muestran concentraciones y llamados de apoderados exigiendo medidas y protección para los estudiantes. Estos episodios han derivado, en ocasiones, en la suspensión parcial de actividades académicas en el establecimiento.
Ante las versiones contrapuestas, desde el SLEP Licancabur han señalado —mediante respuestas a solicitudes de transparencia y comunicaciones institucionales— que no existe un procedimiento disciplinario, sumario ni sanción vigente contra la docente y que algunas denuncias previas no prosperaron por falta de formalización o no haber motivado la apertura de procesos administrativos. No obstante, la declaratoria de rebeldía en la causa judicial pone a la gestión del SLEP en una posición compleja frente a la justicia laboral.
La profesora Soto niega las acusaciones en su contra y sostiene que “acudir a la justicia es el único camino legítimo” para restituir su honra y establecer responsabilidad administrativa. Por su parte, apoderados y sectores de la comunidad piden investigación y medidas que garanticen la protección de los alumnos. El caso continúa en tramitación judicial con audiencias previstas durante los próximos meses.
Lo que está en juego: reputación profesional, garantías laborales docentes, la integridad y el bienestar de los estudiantes, y la transparencia en la gestión del SLEP en una comuna donde la convivencia escolar y la confianza comunitaria resultan afectadas por el conflicto.
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