-El organismo además incorporó al exdirector de Salud de la COMDES, Humberto Argandoña, a la acción penal que ya pesa contra el exalcalde de la comuna, Daniel Agusto. El perjuicio fiscal ascendería a 190 millones de pesos.
Actualidad04/09/2025
Editor
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó al Juzgado de Garantía de Calama una ampliación de querella que extiende las responsabilidades no solo al exalcalde de la comuna, Daniel Isaías Agusto Pérez, sino también al exdirector de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES), Humberto Argandoña Catur.
De acuerdo con los antecedentes, la investigación apunta a la irregular adquisición de un terreno por 190 millones de pesos en 2018, financiado con fondos per cápita destinados a la salud primaria de la comuna. La operación benefició directamente a la familia del entonces alcalde, en particular a su prima Jubitza Tapia Pérez, quien integraba la sucesión hereditaria propietaria del inmueble.
Un proyecto sin sustento técnico
El origen del caso se remonta a 2017, cuando la COMDES, bajo la administración de Agusto, impulsó un supuesto proyecto para instalar una clínica dental comunitaria en Calama. Sin embargo, la iniciativa carecía de planificación técnica, no estaba incluida en el plan anual de salud ni contaba con autorizaciones del Ministerio de Salud.
A pesar de ello, un comité creado para tal fin —en el que participaron altos funcionarios, entre ellos el propio Argandoña— insistió en adquirir el terreno perteneciente a la familia Tapia. Finalmente, el inmueble se compró por $190 millones, a pesar de que su avalúo fiscal apenas superaba los $46 millones.
La urgencia y las irregularidades detectadas quedaron en evidencia: no hubo licitación, se falsearon informes jurídicos y financieros, y fue la propia Jubitza Tapia quien envió el borrador del contrato de compraventa a la notaría.
Fondos de salud desviados
El punto más grave, según el CDE, es que los dineros utilizados provenían de los aportes fiscales destinados a la salud primaria. Es decir, recursos que debían financiar la atención de miles de usuarios del sistema público fueron redestinados a la compra de un bien privado.
Tras la operación, el terreno permaneció abandonado durante años y los proyectos anunciados para justificar el gasto —primero la clínica dental y luego una droguería comunal— nunca se concretaron.
Formalizaciones y medidas cautelares
En mayo de 2024, Daniel Agusto fue formalizado por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible, quedando con arraigo nacional y prohibición de acercarse a dependencias de la municipalidad. Por su parte, Humberto Argandoña fue formalizado en agosto de 2025 por fraude al fisco, con medidas cautelares de arraigo y firma mensual.
El CDE sostiene que ambos, junto a otros funcionarios involucrados en procesos paralelos, defraudaron al erario público en al menos $190 millones, generando un daño que hasta hoy no ha sido resarcido, pese a observaciones de la Contraloría General de la República.
Un caso de probidad en entredicho
El escrito enfatiza la gravedad de que estas irregularidades se produjeran bajo la conducción del máximo representante comunal, quien además es abogado de profesión. Para el CDE, Agusto no solo conoció la operación, sino que consintió en ella y la defendió frente a las críticas de concejales y funcionarios de la época.
La causa, que se mantiene vigente en el Juzgado de Garantía de Calama, busca establecer las responsabilidades penales de los involucrados y eventualmente recuperar los fondos públicos comprometidos.
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