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La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del oficial en retiro del Ejército Adolfo Born Pineda y confirmó su condena a 20 años de presidio como autor de los homicidios calificados de Francisco Valdivia Valdivia, Luis Busch Morales y Andrés Rojas Marambio, ejecutados el 6 de octubre de 1973 en Calama.
En la sentencia (rol 244.166-2023), la Segunda Sala Penal –integrada por las ministras Eliana Quezada, Dobra Lusic, María Carolina Catepillán y los abogados integrantes Pía Tavolari y Juan Carlos Ferrada– concluyó que los argumentos de la defensa estaban “mal planteados” y descartó la existencia de un supuesto “error de prohibición” en la actuación del condenado.
El fallo enfatizó que ninguna orden militar puede justificar crímenes de lesa humanidad, como el asesinato de opositores, y que en este caso “la ilicitud resultaba notoria”, considerando además el contexto de torturas, el lugar de ejecución –alejado de recintos militares– y las irregularidades posteriores al fusilamiento.
La investigación estuvo a cargo del ministro en visita de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, quien estableció que las víctimas fueron detenidas y torturadas por funcionarios del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), antes de ser trasladadas al Regimiento N°15 de Calama y finalmente ejecutadas en el Cerro Topater por un pelotón de fusilamiento del Ejército.
La versión oficial difundida en la época atribuyó los hechos a un supuesto Consejo de Guerra, sin embargo, la indagatoria descartó su existencia y determinó que se trató de un montaje destinado a justificar los crímenes.
Con esta resolución, el máximo tribunal reafirma la responsabilidad penal de Born Pineda en uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos ocurridos en Calama tras el golpe de Estado de 1973.
