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La comunidad indígena atacameña San Francisco de Chiu Chiu, encabezada por su presidente Guillermo Romero, inició formalmente el proceso para que la laguna Inka Coya y las vegas del río Salado sean reconocidas como Monumento Natural bajo la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
La solicitud contempla una superficie de 445,29 hectáreas en la comuna de Calama, con el objetivo de resguardar un espacio que combina valores ecológicos, culturales, hidrológicos y paisajísticos únicos. Este trabajo se viene gestando desde la administración anterior de la comunidad, liderada por Robinson Galeguillos, en un esfuerzo colectivo por proteger el territorio ancestral.
La laguna Inka Coya, alimentada por aguas subterráneas del río Loa, constituye un ecosistema de gran diversidad, conformado por quebradas, vegas y bofedales que históricamente han sustentado actividades como el pastoreo, el uso ritual y la conservación del equilibrio ecológico.
En tanto, las vegas del río Salado son consideradas un corredor biológico clave para el desierto altoandino, albergando especies y prácticas esenciales para la vida comunitaria. Sin embargo, la presión ejercida por la gran minería ha generado impactos en los sistemas hídricos, la biodiversidad y las tradiciones ancestrales vinculadas a estos espacios.
Con este proceso, la comunidad indígena busca que el Estado reconozca oficialmente la importancia de este territorio y garantice su protección frente a amenazas externas, asegurando su preservación para las futuras generaciones.
