Conmoción en Calama por brutales casos de maltrato animal: un médico entre los imputados

Dos impactantes hechos de maltrato animal han remecido a la comunidad de Calama en los últimos días. En ambos casos, las víctimas fueron perros que sufrieron ataques con alto grado de violencia. Uno de los involucrados es un médico ampliamente reconocido en la ciudad, actualmente formalizado y bajo medidas cautelares.

Uno de los casos corresponde a “Tony”, un poodle de apenas cinco meses, quien fue brutalmente asesinado a golpes. Este acto provocó indignación ciudadana y motivó a diversos actores públicos a exigir justicia.

El segundo hecho involucra a un médico identificado con las iniciales P.B.R.G., quien fue imputado por el delito de abandono o maltrato animal (artículo 291 bis) y disparos injustificados en la vía pública, luego de que se confirmara que dio muerte a un perro con una escopeta.

Tras su formalización, el imputado quedó en libertad, pero con medidas cautelares que incluyen la prohibición de acercarse de forma violenta a sus vecinos colindantes, y la obligación de entregar todas las armas que mantenga en su domicilio dentro de un plazo de cinco días. El tribunal otorgó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

El diputado Sebastián Videla expresó su total rechazo a estos hechos, calificándolos como “actos que no pueden quedar impunes”. Indicó haber tomado contacto con la Policía de Investigaciones (PDI), organismo que está a cargo de las diligencias investigativas, y valoró la disposición del alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, quien se sumará a las acciones legales. “La violencia contra los animales es un delito y como sociedad no podemos normalizarla. Calama está unida exigiendo justicia”, señaló el parlamentario.

Desde el Ministerio Público informaron que, como ocurre en todos los procesos judiciales, los cargos podrían ser desestimados al finalizar la investigación, recordando que, conforme al artículo 4 del Código Procesal Penal, ninguna persona puede ser considerada culpable hasta que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.