El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama dictaminó un fallo unánime (causa rol 57-2023) condenando al funcionario de Gendarmería, Luis Francisco Culún Maldonado, a una pena de 7 años de presidio efectivo. Además, se le impusieron accesoria legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, así como la privación de derechos políticos durante el tiempo de condena. A esto se suma la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la pena. También deberá pagar una multa de $2.320.000 por su implicación en el delito reiterado de cohecho, ocurrido entre febrero y junio del año anterior, dentro del recinto penal de la ciudad.

El tribunal también sentenció a Culún Maldonado a 600 días de presidio y una multa de 10 UTM, como autor del delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de estupefacientes.

Los internos del Centro de Detención Preventiva de Calama, Erick Marcelo Pinilla Pino, Abner Neil Pardo Maulén y Yordan Iván Sepúlveda Sepúlveda, fueron condenados a 4 años y un mes, 100 días y 600 días de presidio, respectivamente, por su participación en el delito consumado de soborno. Adicionalmente, deberán pagar multas equivalentes al doble del beneficio obtenido ilegalmente.

Según la sentencia, se verificó que el funcionario de Gendarmería, Culún Maldonado, ingresaba sustancias ilícitas y elementos prohibidos al Centro de Detención Preventiva de Calama a cambio de compensaciones económicas proporcionadas por terceros. Estas actividades ilegales se llevaron a cabo en coordinación con los internos Pardo Maulén, Pinilla Pino y Sepúlveda Sepúlveda, quienes también participaron en el soborno para obtener beneficios dentro del recinto penitenciario.

El tribunal hizo hincapié en el impacto negativo que estos delitos tienen en la integridad del sistema penitenciario y en la confianza en la labor de Gendarmería de Chile. Una vez que la sentencia quede firme, se tomarán muestras biológicas del sentenciado para su inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

Las autoridades se mantienen en alerta para prevenir actividades ilícitas en el interior de las instalaciones penitenciarias y reafirman la importancia de cumplir con la ley y promover una sociedad justa y responsable, incluso en el trato a las personas privadas de libertad.