Una nueva arista se abrió en el denominado “Caso Convenios” luego que el diputado por Antofagasta, José Miguel Castro (RN), en conjunto con Frank Sauerbaum y Marcia Raphael -jefe y subjefa de bancada- solicitaran al Contralor Jorge Bermúdez que “disponga una investigación para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias”. Esto, porque en noviembre de 2022 la Contraloría Regional de Antofagasta tomó razón del traspaso de $629.815.000 del Gore local a la Fundación Procultura para la ejecución del “Programa recuperación zona de conservación histórica Antofagasta”.

El diputado José Miguel Castro afirmó que el Contralor “debe pronunciarse con respecto al porqué visaron un trato directo a una fundación que pretendía arreglar y mejorar fachadas de mi región, si es que no tenía un giro para eso”.

Calificó la situación como “sumamente grave, porque si no confiamos en el buen quehacer de la propia Contraloría, estamos en el peor de los mundos”. Añadiendo que “me pregunto, no será entonces por eso que quizás se han dado noventa días parando todas las transferencias de dinero o las visaciones con respecto a fundaciones”.

En el documento firmado por los tres diputados de Renovación Nacional, se precisa que “surgen serias dudas respecto a la regularidad de la toma de razón y del cumplimiento por parte de la Fundación Procultura de los requisitos y competencias para llevar a cabo la función que se le encomendaba y que escapa a la expertise o al giro que ésta declara al Servicio de Impuestos Internos”.

En esa línea, detallan que la Fundación Procultura declara “cuatro actividades económicas, todas relacionadas con la edición y comercialización de libros u otros referidas con el área de educación, así como de fundaciones y corporaciones promotoras de actividades, todas por cierto en el ámbito de la cultura”.

Se hace hincapié que se entregaron recursos “que exceden el medio millón de dólares”, y que según se detalla en la “cláusula segunda” del convenio, “se enmarca dentro del programa de recuperación, que busca contribuir a resolver la percepción negativa sobre el centro de la ciudad de Antofagasta”.

Lo que incluye “tratamiento de inmuebles patrimoniales que requieren de conocimientos técnicos especializados”.

En el escrito enviado al Contralor, se recuerda que sobre la Fundación Procultura existen “aprehensiones” que no son nuevas. Principalmente, por lo ya conocido públicamente respecto de los recursos recibidos por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta y que significaron, entre otras cosas, la renuncia del Seremi local, Carlos Contreras.

Finalmente, se pide al Contralor que fiscalice y requiera la información necesaria al Contralor Regional de Antofagasta, “así como de otras personas que estime conveniente, en relación con los acontecimientos descritos”.