En Viña del Mar el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá y el ministro de Justicia, Luis Cordero, promulgó la ley que mejora la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regula el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
General 12/05/2023
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La ley busca, entre otras cosas, regular el destino de los bienes incautados en delitos, y pone el foco en el comiso de bienes, incluidos inmuebles, lo que permitirá cortar el financiamiento de quienes se dedican al narcotráfico, también establece la obligación a nuevos sujetos a reportar sobre sus actividades comerciales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La ministra Tohá sostuvo que “esta legislación pone al día nuestras normas en materia de narcotráfico y nos va a permitir tener una persecución más efectiva y también una prevención más efectiva, especialmente va a cortar el círculo de enriquecimiento en torno al narcotráfico, permitiendo quitarle las riquezas que los narcotraficantes obtienen vendiendo drogas en los barrios, a los niños, niñas y jóvenes”.
La nueva norma sanciona a quien administre a terceros, sustancias ilícitas sin su consentimiento. Las penas, en este caso, pueden llegar a presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y un día a 15 años) si se usa violencia o intimidación para administrar u obligar el consumo. Además, castiga a quien suministre a menores de 18 años productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica.
La ley también establece que si algún delito relacionado a las drogas se comete valiéndose de un menor de 18 años o personas exentas de responsabilidad, se aumenta en un grado la pena. A su vez, la pena aumentará en dos grados, cuando se proveyere de armas de fuego a menores de edad para alcanzar fines delictivos.
Decomisos e incautación de bienes de narcotraficantes
Entre los instrumentos incautados se incorporan bienes muebles e inmuebles, que el juez de garantía podrá destinar provisionalmente a petición del Ministerio Público. Igualmente, se podrán destinar a una institución del Estado o, previa caución, a una institución privada sin fines de lucro. Se exigirá que su objetivo institucional sea la prevención del consumo indebido, el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción.
Con estas modificaciones, las unidades policiales podrán ocupar, por ejemplo, un inmueble que fue decomisado a un narcotraficante por ser fruto del narcotráfico, mientras dura el juicio.
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