
El cuerpo técnico destaca la entrega, concentración y compañerismo del plantel, mientras se recuperan jugadores clave de sus lesiones.
José Miguel Castro dice que deberían ser los aviones de la Fuerza Aérea Chilena los que se usen para tal objetivo.
Actualidad28/04/2023Una importante diferencia de valores en los costos para expulsar venezolanos, develó una investigación de CIPER. Situación que provocó además molestia en el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, para quien hay “poca eficiencia y eficacia en cuanto a los recursos del Estado”, lo que incluso podría afectar nuevas propuestas de reforma tributaria.
La investigación de CIPER reveló que para la expulsión de 60 venezolanos, el gobierno de Gabriel Boric contrató a través del Servicio Nacional de Migraciones y por “trato directo” a la empresa venezolana Estelar, a un valor por persona de $4,1 millones. Una cifra superior a los $3,6 millones que venía pagando por expulsado, y muy por encima a los $833 mil de costos en el gobierno de Sebastián Piñera contratando aviones de la Fuerza Aérea Chilena.
José Miguel Castro afirmó que este deja en evidencia que “existe voluntad cero de parte del gobierno si presenta estos números. Esto porque en el gobierno pasado, contratando aviones FACH y no una empresa extranjera, como lo quiere hacer este gobierno, salía $833 mil expulsar a un extranjero que tuviera problemas con la justicia o bien por orden administrativa, en comparación a los $4.100.000 que pretende pagar este gobierno a una empresa de Venezuela”.
Empresa venezolana que además, siempre según la publicación de CIPER, estuvo asociada con LAW, la aerolínea que en 2018 fue investigada luego que el Ministerio del Interior la acusara de tráfico de migrantes por traer a Chile en 2016 a 13 mil haitianos.
El diputado por Antofagasta se preguntó: “¿Por qué no contratar directamente o no hacerlo como se hacía con los aviones FACH? Para eso están, son nuestros aviones”. Reiterando que esto evidencia que “existe cero voluntad para realmente sacarlos con ese valor que están presentando”, lo que además se traduce en “poca eficiencia y eficacia en cuanto a los recursos del Estado”.
Ante lo señalado, José Miguel Castro consideró como “impresentable que bajo este tipo de acciones, después (Mario) Marcel vaya al Congreso a pedir mayor dinero para algunas cosas y peor aún, pensar en subir los impuestos. Si es que los va a gastar de esa forma, la verdad es que se hace muy poco probable que nosotros apoyemos nuevas reformas tributarias si es que no están gastando bien los recursos de todos los chilenos”.
El cuerpo técnico destaca la entrega, concentración y compañerismo del plantel, mientras se recuperan jugadores clave de sus lesiones.
El proyecto, que contempla más de $3.700 millones de inversión, considera modernas dependencias médicas y conservará el histórico frontis construido por la comunidad en la década de 1970. La obra debería estar lista en 2026.
• De este total $ 383.267 equivale al costo en bienes y servicios y $211.616 al costo del tiempo no remunerado que madres, padres y cuidadores destinan a la crianza.
La profesional permanece en estado grave en el Hospital Carlos Cisternas, mientras autoridades locales gestionan apoyo para su familia desde Venezuela. Colegio Médico emitió un comunicado condenando el ataque.
La medida, respaldada por Contraloría, contempla un servicio externo para realizar los exámenes y busca reforzar la probidad y eficiencia en la gestión municipal.
La ministra del MOP Jessica López visitó los trabajos desarrollados por la Dirección de Obras Hidráulicas, para se invirtieron más de $10.620 millones.
Operativo fue desarrollado por la Seremi de Salud Antofagasta
Un informe de la Fiscalía Regional reveló que en el primer semestre se abrieron 51 investigaciones por delitos económicos, con un fuerte aumento en casos de lavado de dinero, asociados al crimen organizado y al financiamiento de actividades ilícitas.
Según la Resolución Exenta N° 2066 de la SMA (29 de septiembre de 2025), la investigación que derivó en la sanción contra Albemarle Ltda. se remonta a junio de 2018, cuando funcionarios de la Superintendencia del Medio Ambiente, junto al SAG y Sernageomin, realizaron una inspección ambiental en las instalaciones del proyecto “Planta Cloruro de Litio” en el Salar de Atacama
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La Seremi de Salud advirtió que los locales deben contar con un químico-farmacéutico durante toda su jornada de atención. Las infracciones arriesgan multas de hasta 1.000 UTM e incluso la prohibición de funcionamiento.